Nos hace mucha falta una gestión pública con descentralización económica, financiera y administrativa, debido a que desde los distintos gobiernos nacionales de turno al momento no muestran efectividad en relación a lo que afecta a la mayoritaria población nacional, como es el cierre de brechas, lo mencionan lo publicitan sin embargo en la práctica siguen siendo buenas intenciones y gran parte de la responsabilidad se le entregan a los gobiernos locales y regionales, y con algunos enunciados como de obligatorio cumplimiento, los cuales no han tenido el efecto esperado a través de los diversos periodos del gobierno nacional peruano y para puntualizar, en este enfoque sólo analizaremos a uno de ellos; el Eje y Lineamientos de Gestión N° 5, Descentralización para el desarrollo del cual consideramos, como política de gobierno de poco efecto del pasado año del Bicentenario, sin embargo nos permite ver los niveles de planeamiento estratégico y modernización de la gestión pública en el Perú, que dan claras muestras de incumplimiento y retrasos, debido a la ola de incertidumbre y crisis política, la pasada pandemia cuyas secuelas siguen, la crisis internacional y crisis política, social, valores y enfrentamiento de poderes en el Perú que aún se mantienen paralelo al otro contexto de cambios sociales, económicos y tecnológicos, y el contraste de los niveles de gobierno, existentes en el Perú, que requieren adaptar su estructura institucional a los retos planteados por estos cambios globales y regionales. En tal sentido, la iniciativa de modernizar la gestión pública nacional es plausible y necesaria, y los servidores públicos en su mayoría observan con cierta simpatía y algo de esperanza, siempre y cuando estén orientados a corregir integral y efectivamente los graves vicios y deficiencias existentes en la administración pública actual, que son situaciones analizadas en eventos nacionales, en las cuales en ocasiones logramos participación.
Vemos también que los
gobiernos a nivel nacional no han tenido reales voluntades de modernizar ni
mejorar la calidad de la gestión pública por ende no logra una efectiva
descentralización. Hay una especie de colapso del aparato estatal a través de
diversas políticas que han conducido más y más a la burocratización, la
proliferación de instituciones públicas, incremento explosivo del personal,
politización de la gestión pública y sobre todo generando todos los mecanismos
para el incremento de actos de corrupción.
Si analizamos las responsabilidades de los tres niveles de gobierno vemos que desde el Gobierno Nacional a la fecha no se clarifica una real voluntad de una real modernización de la gestión pública en función a objetivos del desarrollo nacional, y descentralización por el divorcio existente con el parlamento, que no ayuda en nada. Y con pasada coyuntura de pandemia con el COVID-19, la crisis de gobierno y los niveles de corrupción renovaron en cada periodo gubernamental y también tocó las puertas de los gobiernos regionales y locales, que hoy son motivo de investigación y sanciones y compromete al Poder Judicial y Ministerio Público. Hoy se nos presenta un panorama incierto para los siguientes años, que requieren una real reactivación de las fuerzas productivas, que sebe iniciarse con una real reforma o cambio de Constitución, como prioridad. El cual parece lejano, debido a la crisis política que vive el Perú. Lo otro, en nuestro análisis encontramos que todo intento de reforma fue premeditadamente equivocado e intrascendente (CEPLAN, PLAN BICENTENARIO AL 2021), trabajado en gabinete, por determinado equipo de profesionales de una casa superior de estudios y con una tendencia política definida, que no representa a todos los sectores del país, porque para su elaboración no se convocaron a los representantes de todos los sectores del país.
Por cierto, todos, estos
antecedentes negativos en la historia de la administración pública nacional, no
permiten una efectiva descentralización nacional, el cual es responsabilidad
política de todos los gobiernos de turno. Un diagnóstico de este tipo
definitivamente no garantiza una real modernización de la gestión pública, sino
que conduce a la toma de decisiones equivocadas. Sin embargo, pese al
crecimiento en lo económico en el Perú, hay brechas considerables en servicios
e infraestructura, con mayor notoriedad en lo rural. (Instituto Nacional de
Estadística e Informática, 2012).
Lo otro, con el modelo
económico implantado desde muchos años, y la misma constitución vigente, van de
la mano con las claras deficiencias en la Descentralización y Política Nacional
de Modernización de la Gestión Pública muy a pesar que se han aprobado una
serie de decretos por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
(Secretaría de Gestión Pública de la PCM, 2010).
En la mayoría del ámbito
nacional peruano, se viene notando que los gobiernos regionales y locales
tienen serias dificultades en la conducción. En tal sentido, es un tema que
también recae a las leyes electorales que permiten el acceso de personas sin
calificaciones mínimas a cargos de alta responsabilidad y desconocimiento de
los mecanismos de la gestión pública. Los mayores desaciertos que se han
mostrado a nivel nacional, es el arbitrario uso de los presupuestos y los
escasos resultados mostrados por las instituciones públicas por la escasa
capacidad de gestión. Por lo tanto, una verdadera descentralización y
modernización de la gestión pública debe empezar por hacer más exigente las
evaluaciones para acceder a cargos políticos, cerrando las posibilidades a la
estafa electoral y la mediocridad de los políticos.
La otra falta de
descentralización se vive en el ámbito regional en las capitales de regiones.
Hace falta que los proyectos que apruebe el Plan de Desarrollo Concertado Local
y Regional de Moquegua y el CEPLAN dentro de su Plan de Desarrollo, tengan
tratamiento especial del MEF., para tener el Vº Bº. Y se logre ejecutar sus
proyectos en menor tiempo. Tenemos muchos recursos humanos y geográficos, no
debemos vivir como estamos, la bonanza de nuestra riqueza exportable no debe
permitir que se tenga altos índices de desocupación y pobreza. El CEPLÁN debe
impulsar la redistribución de la bonanza exportadora, esa debe ser una de sus
principales tareas, pero los gobiernos locales (aunque hoy, primero tenemos que
superar la pandemia Covid-19) y los gobiernos locales y regionales y su
personal técnico no debe cruzarse las manos, deben mostrarse motivadores, ante
el vacío de liderazgo en esta materia de las mismas autoridades, la burocracia
local, regional mira, pero no interviene, como esperando el mando superior.
Los gobiernos y el Estado
deben atender a cuestiones básicas y empezar desde lo local mediante
descentralización de las responsabilidades, el compromiso de la comunidad y el
cambio de las prioridades, aplicando un manejo adecuado de recursos de
propiedad pública, mejorando la gestión de demanda para una mayor eficiencia.
Mientras las empresas deben incentivar un cambio organizacional profundo, que
promueva nuevas y mejores relaciones entre los actores (empresarios,
trabajadores, proveedores, comunidad), impulsar la responsabilidad ambiental a
través del fomento a buenas prácticas de autorregulación ambiental, asumir los efectos
ambientales de conductas organizacionales sobre las personas y el entorno, como
parte de un proceso de mejoramiento continuo. El arreglo institucional para
impulsar la descentralización se debilitó, aún más de lo que estaba, cuando se
disolvió el Consejo Nacional de
Descentralización y se creó la
Secretaría de Descentralización, la misma que carece de autonomía
técnico-administrativa, política y económica. (Estudio de Descentralización del
Perú, Controlaría General de la República, 2014)
A manera de conclusión debemos
señalar; Si bien es cierto que el proceso de descentralización ha dotado de
mayores recursos a las regiones. Entre el 2005 y el 2012, el presupuesto
manejado por los gobiernos regionales ha incrementado en 143%, lo que indica
que al 2012, los gobiernos regionales manejan cerca de 2.5 veces el presupuesto
que manejaban en el 2005 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013). Asimismo,
los gobiernos locales manejaron 183% más presupuesto en el 2012 que en el 2007.
Pero no lograron cerrar brechas; (Ministerio de Economía y Finanzas, 2013).
En consecuencia, el problema
no está en la falta de un sistema eficiente de planeamiento, y mucho menos en
su articulación con el sistema de presupuesto público, sino en la falta de
voluntad política e incapacidad de las autoridades elegidas para hacer gestión
en función a la descentralización, económica, financiera, administrativa, en
base a objetivos y resultados concretos. Ninguna norma pone orden al manejo
arbitrario del presupuesto público. En este contexto, los servidores públicos
no tienen capacidad de decisión, sino solamente obedecen órdenes superiores
centralistas.
Sin embargo, otra de las
causas principales y preocupantes, es la certeza que en el gobierno nacional no
hay voluntad política de Descentralización ni respetar el Plan Bicentenario y
los PESEM, porque el Ministerio de Economía y Finanzas, así como el Palacio de
Gobierno, reciben y cumplen las “recetas de gobierno” dictadas por el FMI, el
Banco Mundial y otros organismos poderosos del exterior. Sucede en todos los
niveles de gobierno en el Perú, y algo más, pareciera que el principal papel
que le dieron a los titulares de pliego es que tengan que adaptarse a los
poderes externos y ellos, tan solo se dediquen a cumplir con las invitaciones,
realizar vida social, las inauguraciones, las reuniones interinstitucionales,
entre otras, que explicarían de por qué no funcionan los planes y no se avanza
con la modernización de la gestión pública en el Perú.
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