Se tiene entendido que los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos es su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo y con competencias para aprobar su organización interna y su presupuesto, aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil además de administrar sus bienes y rentas, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales, conforme a ley, por tanto los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia en razón a la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, así como su estructura, organización y funciones específicas de los gobiernos locales se cimientan en una visión de Estado democrático, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del país, en un marco del proceso de descentralización y conforme al criterio de subsidiariedad, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas más eficientemente por los gobiernos regionales, y éstos, a su vez, no deben hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales.
Por ejemplo una municipalidad cierra un local por atentar contra la moral y las buenas costumbres y el día siguiente el juez o fiscal ordena la reapertura, asi como persisten y aumentan los conflictos en cuanto a las demarcaciones territoriales interdistritales e interprovinciales. Así mismo en los distritos rurales con las Comunidades Campesinas. Homogenización de competencias y funciones para todas las municipalidades a pesar de su heterogeneidad. Ejemplo: situación geográfica, recursos, población, urbano, rural. No está definida la autonomía de poderes. Ejemplo: El Alcalde que preside las funciones ejecutivas al mismo tiempo preside las legislativas presidiendo al Concejo. No están especificadas las funciones y competencias de las Municipalidades Delegadas.
En gobiernos locales, distritales, Provinciales y Regionales, ante la ausencia de Planes Estratégicos reales de Desarrollo predomina el uso de los recursos en proyectos de poco impacto social. Los presupuestos de inversión autorizados según ley están orientados a la obra física y no al desarrollo de las capacidades humanas de las personas; igualmente los municipios no generan proyectos de inversión económicos que puedan aportarles ingresos propios y muchis proyectos productivos quedan en el intento ante la vetusta y oligarquica constitución del 93 que permite el saqueo y extracción de materias primas sin industrialización y no permite hacer empresas municipales que compitan en el mercado, salvo la aspiración máxima de tener un grifo municipal y algunas cajas municipales, por el san benito que el estado no debe competir con los privados. Esto hace más difícil la situación de los municipios con mayor población rural que tienen menos ingresos propios, donde los ciudadanos no siempre aportan, existe una alta morosidad en los tributos e impuestos municipales, producto de los bajos ingresos en las familias, situación que se agrava con la presencia de la pandemia Covid19 y la recesión económica que afecta a los de menos ingresos económicos.
Otro aspecto que se enfrentan, en las zonas rurales es la nula recaudación, generando una dependencia económica con respecto a las transferencias de recursos del gobierno local, Gobierno Central, ausencia del catastro integral en cada circunscripción, que puede por lo menos duplicar el número de tributantes incrementando los ingresos sin aumentar las tasas o impuestos municipales. No asignación específica de recursos en el ámbito de las municipalidades delegadas, limitaciones en la ejecución presupuestal por exceso de normas y falta de recursos económicos para solventar a profesionales. Las oficinas de control interno no cumplen con función de fiscalizar y auditar, debido a que si bien funcionalmente dependen de contraloría, es la municipalidad la que paga y de la cual depende su estabilidad.
A ello se suma la inadecuada capacitación en gestión pública, al no existir funcionarios/as competentes se pierde la oportunidad de captar inversión proveniente de la Cooperación Técnica e Internacional, y mejorar el impacto de acciones emprendidas por los Municipios y la queja constante señalado por los Alcaldes es que el personal estable de las Municipalidades y gobiernos regionales boicotea muchas acciones de la dirección, la desnaturalización de la ley de bases de la carrera pública por abusos políticos, excesivos cargos de confianza en la carrera administrativa. exceso de personal contratado por favor político, que muchas veces no están capacitados para asumir los cargos asignados, los cambios políticos de los funcionarios de confianza que hacen perder la conducción y líneamientos de una gestión mas lo otro, la . corrupción institucionalizada en algunos municipios y regiones.
La otra dificultad que existe en municipalidades y gobiernos regionales, es el sistema presupuestario nacional, que no cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación del gasto de inversión operativo que mida el impacto del gasto a nivel local. Por tanto, no se cuenta con información sobre el impacto de los recursos provenientes del canon minero, entre otros, su carencia es lamentable ya que las evaluaciones de impacto sirven para mejorar el gasto público. La iniciativa gubernamental de introducir la gestión por resultados es todavía una "buena intención" y está focalizada en los programas sociales. Por ello, resulta de utilidad realizar estudios continuos que brinden información sobre los proyectos implementados y los impactos generados en las condiciones de vida de la población.
Los gobiernos locales y regionales tienen serias dificultades porque aún no superan una planificación de la inversión de modo tal que no se disperse en pequeños proyectos de infraestructura, sino que integre una visión sostenible de largo de plazo regional e incida directamente en la disminución de la pobreza, situación que todos los años y las gestiones municipales se han concentrado en impulsar micro proyectos, mantenimientos continuos, y atender necesidades barriales, que por supuesto dan réditos políticos en parte y, a la vez demanda priorizar proyectos de impacto regional y local mas el pedido de proyectos productivos.
Los conductores de gobiernos locales y regionales no deben olvidar que el Canon es un porcentaje del total de ingresos y rentas que obtiene el Estado por la explotación económica que realizan las empresas privadas de los recursos naturales, recibido y es entregado a los Gobiernos Regionales y Locales ubicados en la jurisdicción donde operan las empresas, como derecho constitucional, así lo establece el artículo 77 de la Constitución Política del Perú.
Falta reorientar la inversión local y regional, si queremos cambiar el rostro social, tenemos que invertir en la mente de la gente. Y esto parte por el mejoramiento de la calidad educativa de los alumnos de todos niveles y grados educativos, y de la población adulta mediante la estructuración de programas de desarrollo de capacidades con la participación de los propios interesados.
Finalmente, debemos hacer causa común para superar los problemas, cada distrito, provincia y región, debe contar con planes de desarrollo con actividades, proyectos y programas articulados interna y externamente, por ende cada jurisdicción debe tener objetivos, metas y prioridades, incidir en contar con instrumentos de gestión y apoyo a la autoridad que mantenga, capacidad de liderazgo que articule y oriente hacia una visión de desarrollo compartido.
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