A poco tiempo de las elecciones regionales y municipales de Octubre 2022, y en medio de incertidumbre política económica y una pugna entre el legislativo y el ejecutivo, los candidatos como nunca antes, solo algunos presentan sus propuestas de gobierno, algunos prefieren realizar los tic tock, repartir regalos, que están prohibidos, repartir cajitas de fósforo con su logo y número de votación, minimizando la sabiduría de los electores en una clara muestra que no valoran a los que eligen, según ellos fácilmente manejables con algún regalito y casi nadie habla de la eficiencia del gasto público, de los recursos que les serán entregados, como confianza para su administración.
A los candidatos en actual ejercicio debemos recordarles que deben tomar en cuenta de cómo el Perú se divide político‐Administrativamente en departamentos, 196 provincias y 1890 distritos. Su administración se encuentra a cargo de los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales y los alcaldes distritales, respectivamente. Estos cargos son sometidos a elección popular cada cuatro años. El sistema electoral encargado de la organización del proceso está conformado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Y que una vez elegidos, tendrán en sus manos la responsabilidad de administrar los recursos públicos.
Por tanto los candidatos deben tener plenas nociones de la eficiencia del gasto público que es un aspecto esencial de la política fiscal, debe ser un elemento indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo económico, social e institucional de muestro país, tales como la aceleración del crecimiento, la reducción de pobreza y el fortalecimiento de legitimidad del estado, aludiendo a los efectos que éste tiene sobre las condiciones económicas y sociales y sobre la vida cotidiana de la gente, con relación a los recursos utilizados. En tal sentido, la eficiencia se distingue de la efectividad en tanto ésta última sólo considera si se alcanzan los objetivos deseados, independientemente del nivel de gasto.
Todos los electores debemos estar conscientes que los partidos políticos, los movimientos regionales y las organizaciones locales debidamente inscritas en el Registro de Organizaciones Políticas estuvieron habilitados para presentar candidatos. Inicialmente, los candidatos deberían haber sido elegidos mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, afiliados o no a la organización política. Sin embargo, el Congreso suspendió este requisito dada la situación de la pandemia, esa fue la disculpa, pero en realidad en pleno siglo XXI, hubo una clara dificultad técnica de su organización manifestada por el JNE y la ONPE. Incumpliéndose con las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para luego recién organizarse para las elecciones.
Por lo tanto, muchos de los candidatos en actual carrera electoral, no pasaron el filtro de las elecciones primarias y fueron designados por el compadrazgo, familiaridad, imposición de los dueños del partido político y otros, por tanto, muchos de los candidatos desconocen de la importancia del manejo de los recursos del estado y la administración. Por tanto, los candidatos deben tener mínimas nociones por lo menos de los efectos del gasto público que pueden evaluarse indirectamente con base a los productos generados por el gobierno, lo que incluye aspectos tanto de cobertura como de calidad de los bienes y servicios provistos por el sector público. Deben entender además que en el Perú, durante los últimos años se logró canalizar mayores recursos a la educación pública, pero las evaluaciones internacionales y nacionales revelan que ni el 10% de los estudiantes alcanzan resultados satisfactorios. El caso de los servicios de salud es menos crítico y se han presentado avances en algunos indicadores, pero existen profundas inequidades en la distribución del gasto. Dentro de este marco, han surgido experiencias exitosas en el manejo de ambos servicios básicos, como pueden ser los colegios de Fe y Alegría o los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS), en el caso de los centros y puestos médicos.
Los candidatos deben conocer que los gobiernos regionales constituyen el órgano administrativo y de gobierno de los departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao. Están compuestos por el gobernador regional, el vicegobernador regional y el Consejo Regional, deben expresarle a la población, al igual que los alcaldes y regidores conformantes del Consejo Municipal, como lo harán en caso sean electos y a la vez deben conocer que los ciudadanos muestran un interés constante en conocer la cantidad de servicios públicos que reciben y que se financian mediante el pago de sus impuestos. En términos generales, cuanto mayor es dicha cantidad (permaneciendo constante la calidad de los servicios), mayor grado de satisfacción manifiestan respecto a la actuación del sector público correspondiente (central, regional o local). En efecto, cuando se realizan encuestas para valorar la situación y calidad, por ejemplo, de servicios públicos como la educación, salud, policía y justicia, entre otros, un resultado bastante frecuente es el deseo por parte de la población encuestada de que se aumente la cantidad y cobertura de los mismos.
Sin embargo, no debe perderse de vista que para ofrecer dichos servicios el sector público incurre en un gasto público que no es ilimitado. Es decir, si el sector público incrementa su gasto para satisfacer estas demandas sociales deberá disponer de unos ingresos superiores. En caso contrario, al igual que ocurre en una familia o una empresa, deberá solicitar financiación para ese exceso de gasto y, por consiguiente, endeudarse, o gestionar de otras fuentes estatales y privadas. En consecuencia se demanda eficiencia en el gasto público que requiere de una autoridad limpio de acto de corrupción, y plena identificación con las responsabilidades del estado y la medición de su desempeño en estas áreas y lo controversial, debido a las distintas visiones que hay al respecto, desde posiciones que abogan por la existencia de un estado mínimo encargado de desempeñar funciones básicas tales como la seguridad ciudadana y la administración de justicia, hasta posiciones que apoyan una participación activa del estado en la economía, incluyendo la provisión de bienes y servicios privados a través de empresas públicas.
El desempeño del sector público en promover la equidad y la estabilidad se mide directamente a través de variables tales como el coeficiente de Gini de la concentración del ingreso y la tasa de inflación, respectivamente, en los tres ámbitos de competencia del sector público: la equidad distributiva, la estabilidad macroeconómica y la eficiencia en la asignación de recursos productivos, más la actuación del gobierno, con el actuar indirecto a través de indicadores relacionados con el desempeño económico, tales como la tasa de crecimiento, el producto por habitante y la tasa de desempleo. La eficiencia debe diferenciarse de la eficacia. La eficacia es un término que mide el grado de cumplimiento de un objetivo propuesto por una entidad. Si se ha alcanzado plenamente el objetivo planteado inicialmente, se dice que se ha actuado con eficacia. Resulta de suma importancia para cualquier sector público conocer el nivel de eficiencia con el que produce los servicios públicos, ya que cuanto más eficiente sea mayor ahorro de recursos conseguirá y, por tanto, menos gasto será necesario para garantizar una cantidad determinada de servicios públicos a la sociedad.
En conclusión, el nivel de producción obtenido podría alcanzarse con una menor cantidad de recursos. Por tanto, el objetivo no es la reducción del sector público, sino cómo mejorar su eficiencia, lo cual a posteriori sí permitiría reducciones en el gasto público y simplificar la organización del sector público; remunerar a los empleados públicos en función de los objetivos alcanzados; y seguir potenciando la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de los servicios públicos.
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