NECESARIO CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS.- Por Sociólogo: Fulgencio Quispe Apaza- Especialista en Gestión Pública y Gobernabilidad
Uno de los mayores problemas que afrontamos en nuestro país es concretar la reforma del control gubernamental ante las crisis social, económica y sobre todo moral, los casos de corrupción siguen a la orden del día en todos los niveles de gobierno. El estado como tal ha fracasado y sumido a los peores momentos de la nuestra magra historia nacional. Los tres niveles de gobierno atraviesan por los peores momentos. Debemos entender que hay una crisis institucional en los gobernantes de todos estos últimos 30 años que se agrava en los momentos actuales debido a los crecientes casos de corrupción que involucra al gobirno nacional, gobiernos regionales y sobre todo a los gobiernos municipales con una lluvia de acusaciones constitucionales. El Congreso de la República, también está en debacle junto al ministerio público y los poderes públicos ejecutivo, congreso y judicial y situaciones que ensombrecen al mismo Tribunal Constitucional que es el órgano supremo de interpretación legal y la misma defensoria del pueblo, entre otras,
Ante este panorama, coincidimos que los funcionarios de los tres niveles de gobierno tienen que estar plenamente advertidos por el correcto uso de los recursos públicos. Ya se ha demostrado fehacientemente que en el periodo de emergencia sanitaria por la presencia del Covid – 19, generó varios casos de corrupción que involucra a todos los niveles de gobierno. Y ahora afrontamos la otra emergencia de recesión económica, pérdida de fuentes laborales y un futuro nada promisorio en el sector productivo para el año siguiente, sobre todo en la producción agraria, por los fenómenos naturales presentados y los venideros para el año entrante. Los gobiernos estan demostrando en todos los niveles que no estan preparados para afrontar los desastres naturales. no vasta realizar una que otra obra de menor emvergadura, sino como se prepara la población con una adecuada planificación e interinstitucional.
Ante todas estas situaciones surge la importancia de un adecuado control y uso de los recursos económicos lo que demanda un trabajo mucho más efectivo de parte de la Contraloría de la república y otras instancias gubernamentales y colectivas de la sociedad civil, se hace necesario el control ciudadano, ante la pérdida de credibilidad de los altos funcionarios y los entes de control que no están velando por la correcta administración de los recursos económicos y detectar el mal uso de los recursos públicos y algún tipo de acto irregular en las compras, que podrían ser denunciados e ir presos. situación que el gestor público debe tomar debida nota.
Muchos funcionarios por la fácil “confianza” de las autoridades de turno no reparan en los delitos que ya vienen cometiendo actos ilegales, no tomando en cuenta las medidas sancionadoras y las advertencias debidas de las entidades de control, ante las autoridades y funcionarios, sobre todo de los gobiernos regionales y locales, como sucedió durante el periodo de la pandemia coronavirus y sus secuelas y esta vez en este periodo de emergencia ante los fenómenos naturales, lluvias y huaycos, entre otros. En el momento se vienen realizando diversas contrataciones con el Estado, siendo necesario que la Contraloría mantenga su trabajo de forma independiente y que sus funciones no sean reguladas por el mismo ente que en el futuro será objeto de fiscalización. El congreso debilitado y con 1% de aceptación nacional, no tiene todos los mecanismos de “controlar” a la Contraloría. La coyuntura que vivimos no ayuda en nada a la transparencia de los órganos de control y quienes hoy pretenden controlarla.
Si nos trasladamos a la Región Moquegua, los casos de corrupción de los últimos 20 años son sumamente preocupantes y ha llamado el interés nacional por los varios millones de soles que se han perdido o que llegó a parar a manos del hoy ex funcionarios y algunos todavía en funciones. Como así una ciudad con menos habitantes a nivel nacional tengan casos de corrupción emblemáticos que compromete a gobiernos locales distritales, provinciales y gobierno regional en actos de manejos indebidos, y que están situando a esta región con altos niveles corrupción y mal manejo de los recursos públicos, que incluso cuyos montos estimados de perjuicio económico a nivel sub nacional, podrían haber permitido la instalación de varios centros de salud en relación a infraestructura y equipamiento, para afrontar el periodo de pandemia o la implementación a instalación de plantas de oxígeno que podrían haberse empleado para mitigar los impactos de la pandemia o el haberse empleado esos recursos despilfarrados en la construcción de 15 km en vías urbanas o la construcción de 4 nuevos colegios para la Región Moquegua y/o superar varias necesidades de los sectores con menos recursos.
Volviendo a la actual emergencia por los desastres naturales por la presencia de las intensas lluvias, huaycos, aluviones, las autoridades en los tres niveles de gobiernos deben tomar en cuenta los derechos de las personas para exigir a las autoridades de los distritos y regiones comprendidos en las medidas de emergencia a desarrollar intervenciones coordinadas y articuladas, a fin de garantizar la protección de las poblaciones, la preservación de sus bienes y medios de vida así como la no interrupción de los servicios públicos esenciales frente a estas emergencias y desastres. Por ende las autoridades sub nacionales y los funcionarios deben tener claro la eficiencia en la adquisición y contratación de bienes y servicios para hacer frente a la emergencia y desastres naturales exige el mayor esfuerzo de parte del Estado y también de la sociedad civil a fin de reducir las consecuencias dañinas. Además es necesario que estas contrataciones imprescindibles se realicen de forma transparente y eficiente, de tal forma que se prevenga y eventualmente se sancione actos de corrupción al cual están expuestos por parte de empresarios y funcionarios al margen de la ley, ante los inconvenientes del ejecutivo que regula las funciones de la Contraloría de la República.
Por ello, en la función pública, la experiencia no basta, sino se tiene buena voluntad de hacer bien las cosas. Los órganos de control tienen que “supervisar”, realizando el seguimiento del correcto uso de los recursos del estado en esta emergencia en la adquisición y compras de las canastas familiares, sin embargo los hallazgos y sobre todos las anomalías y malos manejos de le recursos saltan a la vista, porque lamentablemente, algunas "autoridades" y “funcionarios”, tienen ese comportamiento que linda con la legalidad, por ello se tiene cada vez a autoridades de los tres niveles de gobierno tras las rejas, muchos por no escuchar los alcances profesionales y apegarse a las leyes.
Soc. Fulgencio Quispe Apaza.
Especialista en Gestión Pública y Gobernabilidad
0 comentarios:
Publicar un comentario