Si bien es cierto, que se ha elaborado un protocolo de diálogo digital. Que estemos distanciados no significa que no podamos conectar con las personas”, Por cierto nuestro país está plagado de conflictos sociales, por la complejidad y actuar de los sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas perciben las posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades que son contradictorias generándose una situación que podría derivar en violencia., como varios casos, sin resolver, por diversas causas como situaciones de tipo cultural, económica, social y política, las formas de violencia que se pueden presentar, o la debilidad institucional para atenderlos. En todo gobierno de modelo neoliberal, y ahora con un gobierno de tendencia progresista con Pedro Castillo, los conflictos continúan, diferenciando que el diálogo es cada vez, menos con presencia de las fuerzas coercitivas o policiales.
Una de las entidades como es Defensoría del Pueblo despliega sus
facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar., muchas veces
se llega tardíamente, luego de generarse la violación de los derechos
fundamentales, o cuando se afectó la gobernabilidad local, regional o nacional
y los caminos al diálogo se hicieron difíciles en algunos casos y en otros que
se lograr a contribuir en su solución a mediano y largo plazo, debido a que
esta entidad no tienen funciones coercitivas, sancionadoras, ni prevención o
antelarse a los conflictos, que le correspondería a la presidencia del consejo
de ministros, en el cual se tiene una entidad específica para atender los conflictitos
sociales en el Perú..
Sin embargo Defensoría del Pueblo viene desde el año 2004, efectuando un
mapeo, una especie de monitoreo de los conflictos sociales con publicaciones
puestas en conocimiento de los sectores llamados a resolver sus controversias,
y según los recientes reportes de Conflictos se tiene, más de 290 conflictos
sociales sin embargo Defensoría del Pueblo, daba cuenta de 193 conflictos
sociales en el Perú hasta junio del 2021. Esto representa un aumento 2% con
respecto al mes de marzo de este mismo año. De los 193 conflictos, 138 son
activos y 55 se encuentran latentes.
Si bien es cierto que los conflictos sociales representan el choque
violento de voluntades contrapuestas entre sí. Por un lado, se encuentra la
población o un sector de ella. Por otro, una empresa privada y/o el Estado como
ente regulador, por tanto son diferencias de intereses de los miembros de la
sociedad, el Estado y las empresas privadas, se trata de una política pública o
actividad económica que choca con el bienestar de la población, en determinado
lugar, espacio o área natural, diferenciando entre conflictos activos y
latentes.
El grado de desigualdad en el Perú, generó más conflictos sociales,
debido al desarrollo económico desigual que trae consigo una disparidad de
objetivos entre los sectores públicos y privados. Por ello, los proyectos de
empresas privadas suelen chocar con las convenciones de pueblo atrasados. Los
mayores conflictos sociales fueron generados por la contaminación ambiental en ciertas
actividades económicas de gran envergadura, afectando ríos, lagos, bosques o tierras, lesionando la
idiosincrasia de las poblaciones campesinas y afectando sus actividades y
estilo de vida.
Al momento, las dos terceras partes de los conflictos no han podido ser
arreglados y se han convertido en un choque violento entre la población, la
empresa privada y las fuerzas del orden público. Como los casos de Espinar y
Tía María. Ya se dejó pasar el tiempo y el Estado no interviene de forma
positiva el conflicto escalará nuevamente y habrá un nuevo estallido de
violencia. Existen conflictos en casi todas las regiones del país, siendo
Loreto donde se concentra la mayor cantidad (30 casos). Le siguen Cusco, con 21
casos, y Ancash, con 16. En Loreto también se han reportado 2 de los 5 casos
nuevos. El más importante es el de las comunidades nativas San Juan Campesino,
San Juan Nativo y Nueva Libertad, las cuales demandan a la empresa Pluspetrol
Norte S.A. por contaminación ambiental de sus tierras y aguas. Por otro lado,
en Apurímac se registró un conflicto entre la Minera Las Bambas y la comunidad
campesina de Huancuire. La segunda acusa a la primera de incumplir los
compromisos asumidos y de realizar actividades en terrenos indebidos.
La primera etapa de la resolución de conflictos consiste en identificar
las causas que ocasionaron el choque de intereses. Ello significa saber
determinar cuáles son las actividades económicas esenciales de ambas partes que
entran en contradicción. También se debe identificar las leyes o acuerdos que
existan previamente y tengan relevancia para el caso actual. También se registra
que de 131 casos presentaron al menos un hecho de violencia desde que iniciaron,
en tanto 57 conflictos pasaron a etapa de diálogo después de un hecho de
violencia. A ello se suma 242 acciones colectivas de protesta durante el mes. Hay
casos como la provincia de Cotabambas, en Apurímac. En este caso la comunidad
campesina de Choaquere señala que la empresa minera Las Bambas habría
incumplido sus compromisos de responsabilidad social en los ejes de salud,
educación, trabajo, desarrollo empresarial, entre otros, conforme al contrato
de compraventa y de actas firmadas, así como las obligaciones ambientales de su
estudio de impacto ambiental.
El Estado, a través de sus órganos competentes, debe establecer medidas
para satisfacer los intereses de las partes en conflicto. En determinado punto
podrá establecer una mesa de diálogo para sentar a las partes. Mediante el uso
de herramientas y estrategias de comunicación se buscará arribar a acuerdos
entre la empresa y la sociedad. Acompañado con una correcta y oportuna
evaluación ayudará a evitar excesos y abusos por parte de las empresas
privadas. Así también, permitirá crear confianza en la población sobre
determinados proyectos y evitar conflictos futuros. Sin embargo, una mala
evaluación puede ser la causa del estallido de un conflicto. A Octubre del
presente año llegaron 198 conflictos registrados en el mes. 148 conflictos
activos (74.7%), 50 conflictos latentes (25.3%). 90 conflictos están en proceso
de diálogo (60.8% de los casos activos). Se tiene 84 Conflictos mediante mesas
de diálogo (93.3%), de los cuales 73 casos cuentan con presencia de Defensoría
del Pueblo.
Finalmente, debe entenderse que los diálogos digitales significan una
oportunidad para que funcionarios de distinto nivel, como técnicos o políticos,
puedan estar en lugares bastante remotos adonde costaría mucho llegar y que
está permitiendo que se tenga más de 500 acuerdos, 945 reuniones digitales y
esto implica más de 2,000 horas en estos espacios digitales. Pero no es
suficiente, para los conflictos de diversa naturaleza, por ello es oportuno que
incentivar el sentido de colaboración y articulación interna entre todos los
sectores involucrados en lograr la resolución de un conflicto y con un claro y
actualizado de herramientas de gestión
de conflictos y articulación ministerial interna, actuando con la verdad, y no
solo apagar los conflictos para el momento.
fulgencioqa@gmail.com
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