Una serie de medidas se fueron adoptando desde los distintos gobiernos nacionales y el actual, acorde a la inestabilidad gubernamental en la administración pública se fueron adoptando medidas excepcionales en respuesta al periodo de emergencia sanitaria que viene atravesando nuestro país peruano por la presencia de la pandemia coronavirus Covid19. Se tiene la obligación de la aplicación de las medidas de distanciamiento social y las cuarentenas, el aislamiento de personas infestadas por la pandemia, prohibiciones contra las reuniones presenciales ha tenido un fuerte impacto en el espacio cívico en todo el territorio nacional y en otros países del mundo. El quehacer diario y las actividades cotidianos de las organizaciones de la sociedad civil, , tuvieron paralización de forma repentina y hoy se viene impulsando la reactivación económica y algunos derechos en su momento fueron suspendidas como las libertades de asociación, asamblea en el afán de proteger y preservar la salud pública a nivel nacional, situación que debe lograrse con la consolidación de un Gobierno Abierto en el país es un proceso en construcción, que requiere liderazgo y voluntad política, así como del esfuerzo de autoridades, políticos, líderes de la sociedad civil y de toda la ciudadanía. En ese sentido, se manifiesta la disposición para lograr los objetivos que implica esta iniciativa y promover en los diferentes espacios nacionales e internacionales la promoción y vigencia del mismo.
A nivel nacional existen planes de acción institucional en el afán de consolidar el Gobierno Abierto, con el grupo de Trabajo lograr su incorporación a los estados miembros que mantienen compromisos muy serios en transparencia, rendición de cuentas, y lucha contra la corrupción y la firma de los cuatro los acuerdos de transparencia y acceso a la información; participación y vigilancia ciudadana; integridad y ética pública; y por último, gobierno electrónico y servicios ciudadanos. El trabajo empezó con entidades gubernamentales e instituciones de la llamada sociedad civil, entre ellas, la Contraloría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, así como el Consejo de la Prensa Peruana, Proética, Ciudadanos al Día y Asociación Nacional de Centros, entre los representantes de la sociedad civil. Un escollo que fue constante para el Perú, son los niveles de corrupción que se han presentado desde los año 90 con mayor incidencia, que hasta los tiempos actuales ha corroído a los tres niveles de gobierno, generando que las instituciones se mantengan debilitadas, sin lograr su recuperación completa el proceso democrático y fortalecimiento institucional.
En nuestro país al menos el Estado peruano y el gobierno están convencidos en lo necesario para la gobernabilidad democrática, la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar los derechos humanos. Para ello es necesario encaminar esfuerzos hacia el cumplimiento de cuatro grandes retos: i) Revisar y mejorar el marco normativo y los mecanismos de implementación sobre transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, ii) promover la participación y la vigilancia ciudadana informada y alerta, iii) aumentar la integridad pública garantizando un Servicio Civil moderno e íntegro, sistemas de adquisiciones y contrataciones blindadas contra la corrupción y un control efectivo y disuasivo iv) mejorar la calidad de los servicios públicos dirigidos a los sectores de la población que viven en condiciones de pobreza y garantizar mecanismos de información y denuncias para monitorear su desempeño.
Son varios años que se establecieron las coordinaciones de la alianza para el Gobierno Abierto que guían el accionar de la Administración Pública en nuestro país. En el Perú, pese a las dificultades y la inestabilidad existentes, se tienen avances en materia de transparencia fiscal, acceso a la información, participación social y transparencia de las declaraciones de las autoridades del gobierno sobre su patrimonio y rentas. La Constitución (art. 2º, numeral 5) reconoce el derecho fundamental de acceso a la información pública. La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros es la encargada de formular, coordinar, supervisar y evaluar las políticas de acceso a la información pública, fomentar la ética en la función pública, la transparencia y la vigilancia ciudadana.
Debemos recordar a todas autoridades y sociedad civil que en materia de transparencia fiscal el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con: la Oficina de Información Económica y Ciudadanía, que es un órgano de línea que tiene como funciones: Identificar las necesidades de información de los ciudadanos sobre las finanzas públicas; Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información sobre las finanzas públicas, a través de la identificación y desarrollo de los medios, productos y comunicación adecuada para la satisfacción de la demanda de información existente; Actualizar permanentemente los productos de información sobre las finanzas públicas disponibles; Administrar y promover los productos de información sobre las finanzas públicas existentes; y Promover y administrar los procesos de consulta ciudadana que le sean encomendadas por el Ministro de Economía y Finanzas. Administrar, actualizar y perfeccionar el contenido del Portal de Transparencia Económica e identificar y recomendar al Ministro de Economía y Finanzas la actualización de dicha información, con información sobre proyecciones macroeconómicas, seguimiento de la ejecución presupuestal (consulta amigable), seguimiento de las acciones prioritarias, transferencias a los gobiernos nacional, regionales y locales, recaudación, fondos del estado, proveedores del Estado, consulta de la deuda pública, Cuenta General de la República, ejecución de proyectos de inversión, Ley de Contrataciones con el Estado obliga a publicar y actualizar de manera constante el Registro Nacional de Proveedores y Consultores o Ejecutores de Obras.
Un reto pendiente es asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades públicas al momento de atender las solicitudes de la ciudadanía. En el Perú, no existe una autoridad previa al Poder Judicial que resuelva de manera autónoma, célere y especializada los conflictos que se suscitan por el incumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública.
El asunto de la Integridad Pública es
fundamental con la ley que regula la publicación de la declaración jurada de
ingresos y de bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del
Estado. Esta obligación se ha visto complementada con la publicación de estas
declaraciones en los Portales de Transparencia Estándar de las entidades de la
Administración Pública, de acuerdo a lo dispuesto en la directiva que regula su
implementación. La ley del Código de Ética de la Función Pública, que regula
los principios, deberes y prohibiciones éticos de los servidores públicos,
fortaleciendo el enfoque preventivo de lucha anticorrupción. De los compromisos
que el Estado peruano ha adquirido para los próximos dos años, en el marco de
su incorporación a la Alianza para el Gobierno Abierto son los siguientes: Mejorar
los niveles de transparencia y acceso a la información pública, permiten establecer
un Grupo de Trabajo integrado por entidades de la Administración Pública y
organizaciones de la sociedad civil para elaborar una propuesta de modificación
normativa que fortalecerá la transparencia en la gestión pública.
Los altos niveles de corrupción en los
estamentos gubernamentales no han permitido establecer formas más contundentes y eficaces de gobierno para
responder a la opinión pública y a los intereses de los ciudadanos que no tiene
la capacidad de los grandes actores y grupos de interés. Los grupos de presión
utilizan su capacidad para detener en lugar de informar sobre procesos de
regulación y por ello la colaboración busca hacer más fácil para estas personas
encontrar las áreas donde quieren y pueden contribuir. Es cierto que la
tecnología no es accesible a todos los ciudadanos ni en igualdad de
condiciones. Por ello,
uno de los
desafíos es evitar
que aquellos sectores
con mayor acceso capturen a los demás y, por tanto, que
ejerza una mayor influencia sobre decisiones, políticas y servicios de gobierno
y que, por tanto, la innovación no se dé en todos los niveles ni con la fuerza
necesaria para involucrar a todas las sociedades. Lo que
se debe procurar entonces es
entender que los
ciudadanos pueden apoyar
de manera mucho más eficaz la depuración y mejora de la calidad de la
información. Así mismo, muchos podrán decir que ésta es una manera en que el
Estado se está descargando de sus responsabilidades y trasladándolas a los
ciudadanos.
Finalmente, vale la pena decir que la tecnología por sí misma no va a resolver las limitaciones del Estado. Tampoco se trata de una nueva moda motivada por los últimos desarrollos y tendencias tecnológicas. Un espacio cívico saludable es aún más importante en tiempos de crisis en todos los sectores, por ejemplo para incubar respuestas innovadoras a la pandemia o asegurar que las comunidades vulnerables reciban el apoyo que necesitan. Los cambios al espacio cívico que los gobiernos apliquen deben ser transparente, participativos y legales y deberán asegurar que las libertades de asamblea, asociación y expresión se respeten a pesar de la pandemia. Debe continuar con mayor contundencia la lucha contra la desinformación y la protección de la privacidad. Recomendaciones Respuesta abierta Las medidas de respuesta abierta sitúan a la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el centro de los esfuerzos inmediatos de gobierno dirigidos a frenar los contagios y ofrecer asistencia durante la emergencia. Las siguientes recomendaciones son algunas medidas de gobierno abierto dirigidas específicamente a proteger el espacio cívico.
Sociólogo: Fulgencio Quispe Apaza
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