Quienes estamos inmiscuidos en la administración pública nacional, regional y local, somos conocedores directos de la real problemática de las instituciones públicas, y el establecimiento de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, por ende debemos situarnos en ubicarnos en el contexto de cambios sociales, económicos y tecnológicos acelerados, que los Estados requieren adaptar su estructura institucional a los retos planteados por estos cambios globales y regionales y reactivación después de pasar por una devastadora pandemia que puso al descubierto las debilidades gubernamentales. En tal sentido, modernizar la gestión pública nacional siempre debe ser una meta necesaria, y los servidores públicos deben mostrar simpatía y esperanza, siempre y cuando esté orientada a corregir integral y efectivamente los graves vicios y deficiencias existentes en la administración pública actual.
En pleno siglo XXI que nos encontramos vimos con claridad que en los últimos 30 años de Gobierno Nacional prevaleció el mal gobierno y la corrupción constante y no han tenido una real voluntad de modernizar ni mejorar la calidad de la gestión pública, y más bien en todo momento orquestaron astutamente para el colapso del aparato estatal a través de diversas políticas que han conducido a la burocratización, la proliferación de instituciones públicas, incremento explosivo del personal, politización de la gestión pública sobre todo en instituciones que colaboren con el incremento de la corrupción, como son los ministerios de Justicia, es decir el Poder Judicial, entre el ellos el Ministerio Público y otras instancias de la Gestión Pública y sobre todo creando los mecanismos para el incremento de los actos de corrupción. Toda esta experiencia indica que en el Gobierno Nacional hasta la fecha no existe una verdadera voluntad de modernizar la gestión pública en función a objetivos del desarrollo nacional, y por ello, todo intento de reforma fue premeditadamente equivocado e intrascendente.
Por estos antecedentes negativos en la historia de la administración pública nacional, el cual es responsabilidad política de todos los gobiernos de turno, que no quisieron identificar las causas verdaderas que han conducido a la debacle de todo el aparato administrativo del Estado; más bien sutilmente dejaron entender que el problema radica en los servidores públicos y pretender desaparecerlos y que sea la actividad privada la encargada de reemplazar a la gestión pública, en vez de promover su modernización en el manejo público, y no se tomen decisiones equivocadas ni nos concentremos en los esfuerzos en atacar “efectos”, postergando indefinidamente la solución de las “causas centrales”.
Por ello persisten las deficiencias en la
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública cuando aún se observa
en pleno avance tecnológico y apogeo de las Tics que los Gobiernos locales y regionales carecen de
un mínimo de capacidad administrativa, situación que es real, pero parcialmente,
porque no identifican o no quieren ver las causas de esta situación vergonzosa
para el país, y lo peor no se indica a los
responsables y las soluciones. Todos los ciudadanos del Perú sabemos que los
gobiernos regionales y locales brillan por su incapacidad, no sólo por la baja calificación del personal, (con
ciertas excepciones), sino principalmente por tener Presidentes Regionales y
Alcaldes que no reúnen las calificaciones personales ni técnicas para asumir
cargos de ese nivel. En tal sentido, es un tema que atañe a las leyes
electorales que permiten el acceso de personas sin calificaciones mínimas a
cargos de alta responsabilidad. Los mayores desaciertos, el arbitrario uso de
los presupuestos y los escasos resultados mostrados por la instituciones
públicas es por la escasa capacidad de
gestión y limitada visión de las autoridades elegidas, quienes por el hecho de
ser elegidos se sienten con todo el derecho de pisotear las normas de los
sistemas administrativos. Por lo tanto, una verdadera modernización de la
gestión pública debe empezar por hacer más exigente los requisitos para acceder
a cargos de Presidente Regional y Alcalde, cerrando las posibilidades a la
estafa electoral y la mediocridad de los políticos. Y su entorno político de “funcionarios
inamovibles”, quienes dan muestras de haberse comprado los cargos y son
cambiados para nada durante todo el periodo de Presidentes regionales y
Alcaldes. Esta componenda con contribuye en modo alguno a la definición de
objetivos estratégicos, indicadores y metas de gestión que corresponden a la
máxima autoridad de cada institución y no a los trabajadores. Si no hay rumbo
ni resultados concretos es responsabilidad exclusiva de los presidentes
regionales y alcaldes. La realidad es más crítica y hasta escandalosa en las
municipalidades distritales rurales, donde personajes sin el mínimo criterio de
gestión asumen el cargo de Alcalde, para luego hacer el despilfarro de los
recursos del Estado, sin importar la situación de pobreza de su población.
Y entre las principales deficiencias de la gestión pública, está el deficiente planeamiento y problemas de articulación con el sistema de presupuesto público, aunque se quiere señalar lo contrario, quizás podamos resaltar la existencia positiva de documentos de gestión, aunque estos más obedezcan al trabajo de la consultorías relacionados al Sistema de planeamiento nacional, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN y Oficinas de Planeamiento en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; de igual manera, el Plan Bicentenario, Planes de Desarrollo Concertados, Planes Estratégicos Institucionales y planes concertados de nivel local. El problema central del país es que ninguna autoridad, sea nacional, regional o local tiene la voluntad política de implementar estos planes y hacer una gestión orientada a objetivos de mediano y largo plazo; la prioridad de las autoridades elegidas es el corto plazo, el show mediático, el asistencialismo y la priorización de su sagrado Diezmo, claro está, de acuerdo a las evidencias mostradas en las denuncias y actos de corrupción y la cantidad de autoridades y ex autoridades sentenciadas y que cumplen condena. Hay una alta falta de voluntad política e incapacidad de las autoridades elegidas para hacer gestión en función a objetivos y resultados concretos que hoy van terminando su periodo para dar pase a nuevas autoridades. Por tanto hasta el momento ninguna norma pone orden al manejo arbitrario del presupuesto público y en este panorama los servidores públicos no tienen capacidad de decisión, sino solamente obedecen órdenes superiores, lamentablemente y al consenso de Washington. Pero la causa del problema es todavía más preocupante. Los servidores públicos saben con certeza que en el gobierno nacional no hay voluntad política de respetar el Plan Nacional, Regional, Local y los PESEM, porque que todos los gobiernos de los últimos 30 años y sus Ministros de Economía y Finanzas, así como el Palacio de Gobierno, reciben y cumplen las “recetas de gobierno” dictadas por el FMI, el Banco Mundial y otros organismos poderosos del exterior, al igual que los grupos de poder económico que se fortalecieron y aparecieron en los últimos 30 años, gracias a la constitución del año 1993, repartiéndose las riquezas y las empresas nacionales con la privatización, los beneficiados hoy forman parte de los nuevos ricos del Perú y defiende a capa y espada el sistema neoliberal caduco que generó desigualdad. Lamentablemente estuvimos acostumbrados a quien gobierna el Perú no es el presidente de la república, sino los grupos de poder en el Perú y sus aliados hoy en el congreso de la república, además los poderes externos que dictan las órdenes desde la clandestinidad. Por ello los presidentes de la república no tienen casi ningún mando, allí está en parte la explicación de porqué no funcionan los planes en el Perú. Simplemente el poder transnacional ha avasallado el aparato estatal peruano.
Por otro lado, la ley orgánica de gobiernos regionales y municipales establece la organización y funciones básicas de estas instituciones, y la experiencia de tantos años nos indica que el problema no está en la organización, sino el problema es humano por la incapacidad de gestión y la falta de visión de los presidentes regionales, alcaldes, sus funcionarios de confianza y asesores, quienes más están ocupados en asaltas las arcas o sacarle ventajas económicas en ejecución de obras, compras y otros convenios y es categórico que ningún modelo de organización funcionará cuando los cuadros directivos no tienen la calificación para asumir esos cargos de alta responsabilidad. Las altas remuneraciones que se pagan a los funcionarios con Fondos de Apoyo Gerencial, es un verdadero premio a la mediocridad, que ética ni técnicamente no tiene ningún fundamento, y que por la falta de resultados debe ser eliminado totalmente de la administración pública. El cargo de confianza es el monumento más gigantesco de la corrupción en el país, puesto que sin contribuir en nada en la calidad de gestión pública se beneficia de altas remuneraciones, y los que llegan a estos cargos es por tráfico de influencias y el favor político, y no por calificación profesional.
En este contexto, eximir a los funcionarios de confianza y asesores de la evaluación de rendimiento laboral, es simplemente estar de espaldas a la realidad de la administración pública nacional con funcionarios que no son removidos durante los 4 años de gestión, tanto regional, como municipal. En otras palabras, es una forma de perpetuar la incapacidad de todo el aparato del Estado, y tratar de cargar la responsabilidad de los platos rotos al eslabón más débil: los servidores públicos. En la prestación de servicios a los usuarios, la mayor responsabilidad de planificación, dirección, supervisión y evaluación de la producción de bienes y servicios públicos recae en los niveles de dirección y no solamente en los trabajadores. Si no hay una buena prestación de servicios a la comunidad es responsabilidad compartida de directivos y trabajadores. Una nave con el capitán siempre ausente, por supuestos viajes de gestión, innumerables ceremonias, inauguraciones, shows, etc. jamás va marchar bien. En la infraestructura, equipamiento y gestión logística es insuficiente por la mala gestión de los presupuestos en las instituciones públicas. Cada nuevo presidente regional y alcalde agrega irresponsablemente su cuota de personal, con la finalidad de favorecer a los miembros de su partido, sin importar la calificación personal y técnica. Así, todas las instituciones públicas nacionales, regionales y locales crecen en número de personal, pero no en el logro de resultados, sin que ninguna norma ponga límite a este derroche de recursos del Estado. En este contexto, ninguna infraestructura ni equipamiento será suficiente para atender una nómina de personal en explosivo crecimiento. Y esta política es responsabilidad exclusiva de las autoridades de alto nivel y no de los servidores públicos, entre otras deficiencias que preferimos hablar en otro momento, sobre todo para llegar a las conclusiones y recomendaciones.
fulgencioqa@gmail.com
0 comentarios:
Publicar un comentario