Mientras se tuvieron algunos programas sociales como paliativos, en el marco de un modelo económico neoliberal y libre mercado lo que hace falta en nuestro país es, inclinarse por un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo rol de planificación e implementación de reformas que sean estructurales así como, contar con un nuevo patrón de desarrollo. Es fundamental que las estrategias de los programas sociales efectivos disminuyan los niveles de pobreza, y ello se lograrían en atender a los sectores generadores de activos y condiciones sociales y los programas intersectoriales de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario.
El fin y el objetivo, no solo
debe ser proveer de servicios
básicos sino promover capacidades económicas
a familias y
comunidades, y los objetivos sean claros en generar un patrón equitativo de distribución de riqueza y oportunidades, como el promover el ejercicio pleno de la
dignidad y los
derechos de las
personas y los grupos
sociales. Se deben implementar programas
de desarrollo destinados
a reducir drásticamente
las situaciones de
riesgo y sus consecuencias.
Viendo los logros de los
programas sociales en Bolivia como estrategia apuntaron a la formación de
un Estado Socio-comunitario donde
“el pueblo ejerce
el poder social y
es corresponsable de las
decisiones de su propio desarrollo”. Estrategias que también apuntaron hacia el
sector productivo, orientado hacia una
transformación de la matriz
productiva logrando el desarrollo de Complejos Productivos Integrales y dándole
al Estado el poder de generar excedentes, ingreso y empleo, en base a sectores
estratégicos de la economía. A ello se suma la estrategia de Bolivia Soberana, que se refiere
a un cambio
en la política exterior con una
mayor representación de “ los pueblos” en el exterior y la defensa de los
recursos naturales y la biodiversidad y una atención a los generadores de activos sociales,
en el sector
salud y en
el sector educación.
Volviendo a nuestro país, para que un
programa social sea efectivo, los objetivos deben ser claros y los componentes
(sea de productos, servicios o acciones que ofrece el programa) deben
contribuir al logro de éstos, por ende en el país Perú, se tuvo problemas de
calidad de la política social, cuando debe medirse a partir de su impacto en la
mejora del nivel de vida de la población. Las escasas mediciones que se han
hecho revelan un impacto bastante limitado en indicadores como los ingresos,
tasa de pobreza, desigualdad o desnutrición, sumándose la pobre
calidad de los servicios o prestaciones sociales de tamaños muy por debajo de
lo necesario para generar cambios importantes en la población; presupuestos pro
cíclicos, mal focalizados y con filtraciones en diferentes niveles de la
operación; ausencia de un procedimiento de monitoreo, evaluación de impacto y
rendición de cuentas; y bajos niveles de capacitación de la burocracia pública
nacional y local.
La lucha contra la pobreza en el Perú no tiene avances sino retrocesos, es lo más resaltante, por sus debilidades, en un contexto de restricción de recursos monetarios y de crecientes demandas sociales, requiere que los fondos públicos y privados, en la totalidad de programas sociales paliativos con dependencia. Al momento actual, el país, percibe que el sector educativo se mantiene desatendido, el Acuerdo Nacional estableció un incremento anual del presupuesto del sector educación igual al 0.25% del PBI –hasta que éste alcance un monto global equivalente al 6% del PBI– compromiso político, que no se cumple.
Las evaluaciones de los programas sociales y su impacto y las acciones
concretas del Gobierno no fueron efectivas en mejorar el impacto de la política
social, sobre todo considerando que las más importantes que estuvieron operando
desde el MINDES de años atrás y los años recientes de la creación del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), donde solo se trabajó en alinear objetivos con componentes,
definir procedimientos operativos para las prestaciones, que evidencian ser programas
sociales paliativos (Juntos, Cuna Más, Pensión 65, Foncodes y Pronaa), al igual
que todos los programas sociales, no tiene efectividad del esquema del
Presupuesto por Resultados (PPR). Toda vez que el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) no aseguró los niveles de coordinación adecuados entre el MEF y
los organismos ejecutores para implementar sus recomendaciones y entre el MEF y
el Midis para evitar superposiciones.
En lo que concierne a la articulación
de la política social, las decisiones más importantes han venido de parte del
Sinadis Sin embargo, no se clarifica sus operaciones y en qué medida se
diferencia de otros “esfuerzos” de “articulación” (con resultados concretos
limitados) como la Estrategia Crecer del gobierno anterior. La creación del
Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) y la implementación
de la Ventanilla Única Social (VUS), más han generado dudas y falta de
coordinación entre los niveles de gobierno: central, regional y local, toda vez
que éste es la principal fuente de desarticulación de los programas sociales. En este sentido es prioritario mejorar el
deficiente sistema de identificación de beneficiarios, como el Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH), que se muestra en constante desactualización
para las zonas urbanas, y el Padrón de Beneficiarios y Mapa de Impactos de
Programa Sociales, que no permite atender a los verdaderos necesitados y no muestran resultados de bajar los niveles
de pobreza, sino más son paliativos con limitaciones.
En resumen, el balance en el Perú no es nada halagador en este breve análisis, los mayores aciertos y avances concretos, hasta el momento, están en los esfuerzos por mejorar el diseño y evaluación de los programas sociales. Es urgente la falta de articulación y focalización de la política social, que no permite avances concretos respecto a los planes dados a conocer. Finalmente, un aspecto bastante resaltante en los programas sociales debe surgir como política nacional desde las iniciativas locales, con una mayor participación social con los gobiernos municipales que tienen un cierto grado de flexibilidad para ser creativos en organizar la política social local con un mapeo de necesidades más urgentes.
Sociólogo: Fulgencio Quispe Apaza
fulgencioqa@gmail.com
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