Uno de los mayores problemas
que afrontamos en nuestro país es concretar la reforma del control
gubernamental ante las crisis social, económica y sobre todo moral, los casos
de corrupción siguen a la orden del día en todos los niveles de gobierno. Debemos
reconocer que hay una crisis institucional en los gobernantes que todos estos
últimos 30 años debido a los crecientes casos de corrupción que también involucra
a gobiernos municipales, y con mayor fuerza a los gobiernos regionales y
llueven las acusaciones constitucionales del Congreso de la República,
institución esta última que también está en debacle
Ante este panorama,
coincidimos que los funcionarios de los tres niveles de gobierno tienen que
estar plenamente advertidos por el correcto uso de los recursos públicos. Ya se
ha demostrado fehacientemente que en el periodo de emergencia sanitaria por la
presencia del Covid – 19, generó varios casos de corrupción que involucra a
todos los niveles de gobierno. Y ahora afrontamos la otra emergencia nacional
con los desastres naturales. Lo que demanda un trabajo mucho más efectivo de
parte de la Contraloría del Perú y otras instancias gubernamentales y
colectivas de la sociedad civil, se hace necesario el control ciudadano, ante
la pérdida de credibilidad de los altos funcionarios y los entes de control que
no están velando el correcto uso y detectar el mal uso de los recursos públicos
y algún tipo de acto irregular en las compras, que podrían ser denunciados e ir
presos.
Muchos funcionarios por la
fácil “confianza” de las autoridades de turno no reparan en los delitos que ya
vienen cometiendo actos ilegales, no tomando en cuenta las medidas
sancionadoras y las advertencias debidas de las entidades de control, ante las
autoridades y funcionarios, sobre todo de los gobiernos regionales y locales, como
sucedió durante el periodo de la pandemia coronavirus y sus secuelas y esta vez
en este periodo de emergencia ante los fenómenos naturales, lluvias y huaycos,
entre otros. En el momento se vienen realizando diversas contrataciones con el
Estado, siendo necesario que la Contraloría mantenga su trabajo de forma
independiente y que sus funciones no sean reguladas por el mismo ente que en el
futuro será objeto de fiscalización. El congreso debilitado y con 1% de
aceptación nacional, ya tiene todos los mecanismos de “controlar” a la
Contraloría. La coyuntura que vivimos no ayuda en nada a la transparencia de
los órganos de control y quienes hoy pretenden controlarla.
Si nos trasladamos a la Región
Moquegua, los casos de corrupción de los últimos 20 años son sumamente
preocupantes y ha llamado el interés nacional por los varios millones de soles
que se han perdido o que llegó a parar a manos del hoy ex funcionarios y algunos
todavía en funciones. Como así una ciudad con menos habitantes a nivel nacional
tengan casos de corrupción emblemáticos que compromete a gobiernos locales
distritales, provinciales y gobierno regional en actos de manejos indebidos, y
que están situando a esta región con altos niveles corrupción y mal manejo de
los recursos públicos, que incluso cuyos montos estimados de perjuicio
económico a nivel sub nacional, podrían haber permitido la instalación de
varios centros de salud en relación a infraestructura y equipamiento, para
afrontar el periodo de pandemia o la
implementación a instalación de plantas de oxígeno que podrían haberse empleado
para mitigar los impactos de la pandemia o el haberse empleado esos recursos
despilfarrados en la construcción de 15
km en vías urbanas o la construcción de 4 nuevos colegios para la Región
Moquegua y/o superar varias necesidades de los sectores con menos recursos.
Es por ello que en el marco de
las medidas que han venido siendo adoptadas por el Estado peruano para mitigar
los riesgos y hacer frente a los casos de corrupción en cualquier estado de
emergencia nacional, por las pandemias o desastres naturales los proyectos de
ley de la emergencia sanitaria (4947/2020-PE) que pretendía establecer medidas
para aplicar el control simultáneo o concurrente durante la emergencia
sanitaria. Pero el Congreso terminó aprobando un texto sustitutorio sobre la
base de la evaluación adicional de otros tres proyectos de ley presentados
sobre la materia. Finalmente, se publicó la Ley 31016, Ley que establece
medidas para el despliegue de control simultaneo durante la emergencia
sanitaria. Volviendo a la actual
emergencia por los desastres naturales por la presencia de las intensas
lluvias, huaycos, aluviones, las autoridades en los tres niveles de gobiernos deben
tomar en cuenta los derechos de las personas para exigir a las autoridades de
los distritos y regiones comprendidos en las medidas de emergencia a
desarrollar intervenciones coordinadas y articuladas, a fin de garantizar la
protección de las poblaciones, la preservación de sus bienes y medios de vida
así como la no interrupción de los servicios públicos esenciales frente a estas
emergencias y desastres. Y la recomendación es clara a las nuevas autoridades
de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales tengan
en cuenta en el cumplimiento de sus funciones y con celeridad, intensifiquen
las intervenciones de defensa ribereña, descolmatación de ríos, mantenimiento
de drenajes, control de zonas críticas y fajas marginales en cauce de ríos,
entre otras medidas de reducción del muy alto riesgo existente.
Por ende las autoridades sub
nacionales y los funcionarios deben tener claro la eficiencia en la adquisición
y contratación de bienes y servicios para hacer frente a la emergencia y
desastres naturales exige el mayor esfuerzo de parte del Estado y también de la
sociedad civil a fin de reducir las consecuencias dañinas. Además es necesario
que estas contrataciones imprescindibles se realicen de forma transparente y
eficiente, de tal forma que se prevenga y eventualmente se sancione actos de
corrupción al cual están expuestos por parte de empresarios y funcionarios al
margen de la ley, ante los inconvenientes del ejecutivo que regula las
funciones de la Contraloría de la República.
Por ello, en la función
pública, la experiencia no basta, sino se tiene buena voluntad de hacer bien
las cosas. Los órganos de control tienen que “supervisar”, realizando el
seguimiento del correcto uso de los recursos del estado en esta emergencia en
la adquisición y compras de las canastas familiares, sin embargo los hallazgos
y sobre todos las anomalías y malos manejos de le recursos saltan a la vista,
porque lamentablemente, algunas "autoridades" y “funcionarios”,
tienen ese comportamiento que linda con la legalidad, por ello se tiene cada
vez a autoridades de los tres niveles de
gobierno tras las rejas, muchos por no escuchar los alcances profesionales y
apegarse a las leyes.
Soc. Fulgencio Quispe Apaza.
Especialista en Gestión
Pública y Gobernabilidad
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