Con la constitución del año 1993, se ha generado una serie desesperanzas en varios estratatos de la sociedad peruana, cada vez es creciente los pedidos y pronunciamientos de vastos sectores de lograr un cambio de constitución porque a traves de los años se fue incrementando la desigual social y la concentración de la riqueza en pocas manos y se alienta el neoliberalismo en decadencia donde se inició con las empresas estatales privatizadas; la libertad de mercado, libertad de empresa, libertad de industria y libertad de finanzas, quebraron acabaron con la incipiente industria nacional pública y privada, generándose grupos monopólicos de empresas extranjeras, un aliento constante de la flexibilización laboral para una mayor explotación legal al trabajador con el incremento la brecha de desigualdad en el país, el hombre quedó reducido a ser un medio de producción o simple mercancía.
De los antecedentes de la Constitución Política del Perú (CPP) de 1993 se tiene como una imposición después del golpe de Estado, promovido por el gran empresariado nacional y transnacional, concretizándose los objetivos del Consenso de Washington, que les permitió adecuar la administración estatal a sus intereses e instaurándose un nuevo modo de producción al país conocido como neoliberalismo.
En distintos eventos realizados, entre seminarios, foros y otros eventos de carácter académico se vió que esta constitución vigente sigue generando desigualdad. Nos acercamos a los 30 años de du aplicación, donde sectores en busca del desarrollo nacional peruano, optan y demandan un nuevo modelo económico, debido a que el modelo neoliberal demostró su incapacidad para resolver las necesidades de las clases mayoritarias del país, llegando al extremo de no poder cubrir lo más elementales que garantice una vida decorosa ni los derechos fundamentales del país peruano.
Se ha señalado también que la Constitución del 93 promueve el carácter individualista, mercantilista, privatista y entreguista. Decimos que es individualista porque no promueve la solidaridad como valor social indispensable en el ámbito nacional ni internacional y, por el contrario, promueve la competencia de cada uno de sus miembros, relegando a la mayoría en beneficio de unos cuantos que lograron éxitos tras “su” esfuerzo, como expresión de la lucha de clases. Es mercantilista porque todo pone en función de dos perversas leyes, la oferta y la demanda, que ha conllevado a que no cuenten en la sociedad los principios y valores, sino la rentabilidad económica que pueden obtenerse producto de cualquier acto lícito o ilícito.
Amplios sectores han concluido en señalar que tenemos una sociedad de mercado, mas no una sociedad con mercado, donde el hombre esta reducido a ser solo un medio de producción o una simple mercancía más, además que esta constitución es privatista porque no solo ha promovido, sino que ha materializado la privatización de todas nuestras empresas estatales, que eran propiedad del pueblo peruano aduciendo su incompetencia. Un total de 228 empresas del Estado se convirtieron en empresas privadas de los propios gobernantes o sus testaferros en contubernio con el gran empresariado nacional y extranjero. Es entreguista, porque los principales yacimientos estratégicos mineros, gasíferos, petroleros, eléctricos e hidroenergéticos, están en manos del gran capital transnacional y las ganancias y acumulación de capital sale del país y no es reinvertido, salvo excepciones muy raras veces.
Todo está consecionado desde el año 1993, al cual se suma los principales puertos, aeropuertos, carreteras, corredores aéreos, entre otros. Artículos pétreos de la CPP Denominados así a las cláusulas innegociables, inamovibles e inmodificables del neoliberalismo plasmadas en dicha constitución. Entre los mas preocupantes estan el Artículo 6, el Estado terceriza o privatiza su responsabilidad en salud, educación y seguridad a los padres de familia y no los asume como responsabilidad propia, con el Artículo 11, pone a escoger el libre acceso a la salud pública o privada, pero no garantiza la salud propiamente dicha del pueblo.
Así mismo con el Artículo 17, garantiza solamente la educación inicial, primaria y secundaria, pero la superior solo lo garantiza a los que obtienen alto rendimiento académico, privatizando de esta manera un derecho fundamental, y el artículo 19, exonera de todo tipo de impuesto a las universidades, institutos, colegios y escuelas privados, habiéndose proliferado miles de ellas sin la calidad académica infraestructura y recursos humanos para garantizar una educación de calidad, mientras en el Artículo 58, refiere que la iniciativa privada es libre, con lo que debemos inferir que la pública no lo es y delimita al Estado solo como órgano que promueve y orienta, en tanto el Artículo 59, otorga la libertad de empresa, comercio e industria, de empleo, de finanzas, etc., es decir, libertad que solo es favorable a los grupos de poder económico.
Se prohibe que el estado peruano por lo menos maneje sus empresas estratégicas, muchos paíes lo hacen a pesar de tener una economía liberal, sin embargo con el Artículo 60, se reconoce la libertad de la empresa privada y pública, pero restringe a esta última salvo una autorización por ley expresa, en otras palabras, la empresa pública está vetada, el Artículo 61, es la que combate, pero no prohíbe el monopolio, es decir desnaturaliza su propia concepción de libre mercado, así tenemos monopolios de los medios de comunicación, electricidad, luz, agua, cemento, etc.
Lo mas preocupante se muestra en el Artículo 62, prohíbe la revisión de los contratos ley, aún sean lesivas al Estado, aduciendo seguridad jurídica y tributaria, prohíbe además al parlamento su modificación, por lo que la hemos denominado la piedra angular del neoliberalismo, sin embargo este último Artículo 62, es la madre y protectora del saqueo y la corrupción más grande del país hace décadas. Las empresas privatizadas fueron vendidas, sin previa consulta al pueblo, a precios irrisorios y altas comisiones.
Según la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001, el producto de esas ventas ascendió a 7 mil millones de dólares y solo se invirtieron en el país 1 mil millones de dólares, despareciendo 6 mil millones de dólares y para que nadie pueda revertir estas ventas la actual Constitución impide según este artículo la revisión, modificación, anulación, etc., de lo que ellos llaman contratos ley, que por cierto urge en lo mas inmediato la convocatoria de una asamblea constituyente propuesta manejada por sectores políticos progresistas pero vetada por los grupos de poder económico, que constantemente se han ingeniado las formas de contar con representación congresal y candidatos ptesidenciales promovidos desde el sector empresarial y en caso no contar con esta mayoría lo logra a cambio del sonido metálico.
Soc. Fulgencio Quispe Apaza
fulgencioqa@gmail.com
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