La ciudadanía tiene en sus manos el servicio gratuito para denunciar casos de corrupción en las entidades estatales, sin embargo no hace uso de esta oportunidad que permitiría bajar los altos niveles de corrupción sobre todo en el manejo de los recursos públicos, donde determinados funcionarios han encontrado una serie de mecanismos para sacarle la vuelta y comprometer a los titulares de la conducción del aparato público de determinada institución. Debe conocerse que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 046-2013-PCM que comunica la Estrategia Anticorrupción del Poder Ejecutivo, y el Decreto Legislativo 1327 los denunciantes de los indicios y actos de corrupción, son debidamente protegidos.
Los signos de corrupción van en crecimiento en nuestro país, y lo preocupante es que de cada 10 peruanos, 9, no realiza ninguna denuncia, conociendo de los actos de corrupción y solo uno termina por denunciar. Por tanto hay un arduo trabajo que impulsar en el fortalecimiento de la cultura cívica que tenemos lo que implica una serie de acciones del sector educación, con programas que fortalezcan los valores en los niños, jóvenes y adultos. No olvidemos que este tipo particular de corrupción está muy arraigado en nuestro comportamiento, que debe desterrarse.
Por ende si uno necesita presentar una denuncia sobre un posible acto de corrupción o falta ética cometida por un trabajador de una entidad pública, puedes hacerlo por Internet en la Plataforma de Denuncias Ciudadanas. Para ejercer este derecho, debes contar por escrito los motivos de tu acusación. Al final, te darán un código de seguimiento para que verifiques el estado de tu trámite, en donde existe el Manual de Denuncia Ciudadana contra la Corrupción, documento elaborado por el Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas adscrito a la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Es latente que la mayoría de ciudadanos, desconocen, donde se debe realizar una denuncia por corrupción, mientras que ésta carcome y afecta a las instituciones del Estado, la labor de los funcionarios y la vida cotidiana de los ciudadanos. Lejos de ser un fenómeno aislado que se circunscribe sólo a las altas esferas del poder político o económico, es clara también su incidencia en la esfera social. Su importancia no radica en la cantidad de dinero que el Estado pierde, sino, sobre todo, en los derechos que vulnera y en las barreras que genera en el acceso a los servicios básicos de salud, educación, justicia, entre otros.
Los niveles de
corrupción han llegado a las diversas instituciones, algunos estudios desde 03 años
atrás, como los abordados por Proética indican que solo el 9% de ciudadanos
entrevistados denuncia actos de corrupción, 53% no sabe dónde denunciarlos y
43% considera que los resultados de la denuncia no son efectivos. Por ello la corrupción
necesita ser mostrada a través de la denuncia, los actos de corrupción salen a
la luz pública para ser investigados y sancionados, junto al compromiso
ciudadano de no callar, sino más bien denunciarlos para evitar la impunidad y
comportamientos de funcionarios del sector público, ya sean políticos o
servidores públicos, que los enriquece a ellos mismos o a sus allegados, mal
uso del poder que se les ha encomendado.
Una prioridad es fortalecer la participación ciudadana en la lucha contra este flagelo, contando con herramientas y mecanismos legales para la denuncia de actos de corrupción y de faltas disciplinarias relacionadas con delitos de corrupción, procedimientos, o quejas por faltas disciplinarias cometidas por los operadores del Sistema de Justicia, jueces y fiscales en el ejercicio de su función y relacionados con actos de corrupción, el procedimiento que se sigue en el Sistema Nacional de Control ante la denuncia ciudadana de hechos arbitrarios o ilegales cometidos en cualquier entidad pública, que afecten o pongan en peligro la función o el servicio público, así como los recursos y bienes del Estado.
El denunciante, cuenta con medidas de protección que otorga el Ministerio Público en hechos delictivos atendiendo la gravedad y circunstancias del caso, la Contraloría General, una vez que califica el hecho, protege con la reserva de identidad del denunciante, si éste, labora en la institución en la cual va a presentar la denuncia; no puede ser cesado, despedido o removido de su cargo a consecuencia de la misma, la entidad no se encontrará obligada a renovar el contrato temporal celebrado con el denunciante, pero si tal decisión es consecuencia de la denuncia formulada, éste podrá interponer un recurso de apelación ante el Tribunal del Servicio Civil.
En
caso, de hostilización al denunciante, éste deberá informar a la Contraloría
General de la República y remitirlo al Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo o, en el ámbito regional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo para que realice la investigación correspondiente, a la vez sí, el
denunciante es copartícipe de los hechos denunciados, será beneficiado con una
reducción gradual de la sanción administrativa, dependiendo del grado de
participación en los hechos arbitrarios o ilegales.
Si
los hechos denunciados constituyen una infracción que se sanciona con multa, el
denunciante obtendrá como recompensa un porcentaje de dicha multa, que podrá
ser de hasta el 50% de lo efectivamente cobrado, siempre y cuando que la
documentación e información proporcionada por el denunciante sea relevante para
la investigación de los hechos denunciados, la colaboración mostrada por el
denunciante a lo largo del proceso de investigación y trascendencia del hecho
denunciado, es decir, el impacto económico del mismo.
Finalmente,
cumplirá un rol protagónico el Sistema
Nacional de Atención de Denuncias (SINAD), órgano encargado de atender las
denuncias que se presentan ante la Contraloría General de la República y los
Órganos de Control Institucional, a nivel nacional, y a través de un proceso
que comprende las etapas de recepción, admisión, organización del caso,
programación, verificación y comunicación de resultados.
Sociólogo:
Fulgencio Quispe Apaza
Cel.
927 632 431
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