AVANCES EN LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN REGIONAL Y LOCAL. Sociólogo: FULGENCIO QUISPE APAZA. GESTOR MUNICIPAL

Algunos avances en la modernización de la gestión pública en Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales en nuestro país peruano, están relacionadas lamentablemente a actos de corrupción, paralelo a las políticas contempladas en los últimos tres años, entre ellas, la ley de servicio civil, la normativa para reducir trámites y las políticas de gobierno abierto, que a diferencia del vecino país, de Chile, hay un lento avance, muy a pesar de cobrar importancia recientemente, por ser parte esencial del Programa País, camino que el  Perú sigue para ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por otro lado el desafío de la gestión pública demanda, ser más efectiva en términos de resultados de las políticas y más responsable en relación con los ciudadanos. En pocas palabras, la responsabilidad es aquí entendida como un valor (o meta-valor) que debe guiar a los gobiernos locales y regionales a la rendición de cuentas a la sociedad. La acountability forma parte de un sistema más amplio, el régimen democrático, cuyo objetivo supremo es el de garantizar la soberanía popular (el poder emana del pueblo) y que se estructura, básicamente, a través de las elecciones, el control vertical de la población sobre los gobernantes, que ocurre de tiempo en tiempo. Por su parte, en los últimos siglos se fueron creando instrumentos para controlar y fiscalizar a los gobiernos locales y regionales, en el intervalo entre las elecciones, que permiten aplicarles sanciones cuando incumplen las leyes, incurren en actos de corrupción e, incluso, en el caso en que se desentienden de las promesas emitidas en la circunstancia electoral. Estos mecanismos constituyen las formas de garantizar la responsabilidad ininterrumpida de los gobiernos que en su mayor parte, van siendo sujetos de investigaciones, por actos de corrupción.

En el país en los gobiernos regionales y locales se emitió un paquete de decretos legislativos publicados, como parte de un conjunto de reformas administrativas, entre ellas la creación del  Sistema Único de Trámites (SUT). , aplicativo informático que busca ayudar en la estandarización y simplificación de procedimientos administrativos a nivel local, regional y nacional, o que sirve de apoyo también a ciudadanos y empresas pues les ofrece un catálogo de procedimientos administrativos en un sólo portal y debe facilitar el proceso a las entidades que hacen supervisión y fiscalización.

Se tiene el decreto legislativo que generó el marco legal para la creación de ventanillas únicas, desde la perspectiva de cadena de trámites. La premisa es la siguiente: para que exista una ventanilla única, se debe iniciar con la implementación de reformas administrativas, si se tiene aprobado un Texto Único de Procedimientos Asministrativos (TUPA modelo para las municipalidades en dos temas muy importantes: licencias de funcionamiento e inspecciones técnicas en seguridad, lo que significa que los gobiernos locales tienen los trámites, requisitos y plazos ya establecidos y no limitarse, a la creación de requisitos extra, con más papel y las normas que se tiene.

Todavía no estamos entendiendo lo fundamental y básico que es la responsabilidad mediante la introducción de la lógica de los resultados en la administración pública. El objetivo es pasar de un modelo en el que impera el control burocrático paso a paso de normas y procedimientos, sin la participación de los ciudadanos, a otro en el que impera el control a posteriori de los resultados de la acción gubernamental, y en el que la sociedad participa en la definición de las metas y de los índices de desempeño, así como en la evaluación directa de los bienes y servicios públicos, para evitar en parte los actos negativos, como es la corrupción imperante en los diversos niveles de gobierno.

El segundo mecanismo de responsabilidad está vinculado al desempeño de las políticas es el que se obtiene mediante la competencia administrada. Su concepción está basada en el fin de los monopolios en la provisión de los servicios, estableciendo la competencia entre los proveedores estatales, privados o públicos no estatales. Lo que está sucediendo con las normas publicadas es ver cómo les va a las municipalidades y gobiernos regionales, para hacer posiblemente algunos cambios o acotados y/o modificaciones, que deben ir de la mano con las capacitaciones, para que a nivel nacional, también se haga algunos correctivos, donde tienen más acceso a las capacitaciones y asistencia técnica, todo ese pequeño avance, es frustrado por los actos de corrupción que se presentan.

Existe la necesidad de inducir a los gobernantes a mejorar la prestación de los servicios, obligándolos de manera efectiva a responsabilizarse por la calidad de las políticas públicas y aspirar al cambio de políticas, que deben regirse más por la concepción unilateral de los administradores, como generalmente sigue ocurriendo en la gestión burocrática clásica, que aún se mantiene, a un está tardando en  guiarse cada vez más por la satisfacción de los ciudadanos, porque aún los gobiernos regionales y locales y sus conductores no están rindiendo cuentas no sólo de su probidad o de sus promesas electorales, sino también, y permanentemente, de la efectividad de sus programas y gestión integral, muchos han perdido el timón y son guiados por el timón corruptor que los conduce a su debacle como persona, autoridad y por ende al fracaso y retroceso institucionales local y regional.

Soc.Fulgencio Quispe Apaza

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