Algunos avances en
la modernización de la gestión pública en Gobiernos Regionales y Locales en
nuestro país peruano, están relacionadas lamentablemente a actos de corrupción,
paralelo a las políticas contempladas en los últimos tres años,
entre ellas, la ley de Sevicio Civil, normativa para reducir tramites y las políticas de gobierno abierto, que a diferencia del
vecino país, de Chile, hay un lento avance, muy a pesar de cobrar importancia
recientemente, por ser parte esencial del Programa País, camino que el Perú sigue para ser miembro
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ODGE).
Por otro lado
el desafío de la gestión pública demanda, ser más efectiva en términos de
resultados de las políticas y más responsable en relación con los ciudadanos.
En pocas palabras, la responsabilidad es aquí entendida como un valor (o
meta-valor) que debe guiar a los gobiernos locales y regionales a la rendición
de cuentas a la sociedad. La acountability forma parte de un sistema más
amplio, el régimen democrático, cuyo objetivo supremo es el de garantizar la
soberanía popular (el poder emana del pueblo) y que se estructura, básicamente,
a través de las elecciones, el control vertical de la población sobre los
gobernantes, que ocurre de tiempo en tiempo. Por su parte, en los últimos
siglos se fueron creando instrumentos para controlar y fiscalizar a los
gobiernos locales y regionales, en el intervalo entre las elecciones, que
permiten aplicarles sanciones cuando incumplen las leyes, incurren en actos de
corrupción e, incluso, en el caso en que se desentienden de las promesas
emitidas en la circunstancia electoral. Estos mecanismos constituyen las formas
de garantizar la responsabilidad ininterrumpida de los gobiernos que en su
mayor parte, van siendo sujetos de investigaciones, por actos de corrupción.
En el país en los gobiernos regionales y locales se
emitió un paquete de decretos legislativos publicados, como parte de un
conjunto de reformas administrativas, entre ellas la creación del Sistema Único de Trámites (SUT). , aplicativo informático que busca
ayudar en la estandarización y simplificación de procedimientos administrativos
a nivel local, regional y nacional, o que sirve de apoyo también a ciudadanos y
empresas pues les ofrece un catálogo de procedimientos administrativos en un
sólo portal y debe facilitar el proceso a las entidades que hacen supervisión y
fiscalización.
Se tiene el decreto legislativo que generó el marco
legal para la creación de ventanillas únicas, desde la perspectiva de cadena de
trámites. La premisa es la siguiente: para que exista una ventanilla única, se
debe iniciar con la implementación de reformas administrativas, si se tiene
aprobado un Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) modelo para las municipalidades en dos temas
muy importantes: licencias de funcionamiento e inspecciones técnicas en
seguridad, lo que significa que los gobiernos locales tienen los trámites,
requisitos y plazos ya establecidos y no limitarse, a la creación de requisitos
extra, con más papel y las normas que se tiene.
Todavía no
estamos entendiendo lo fundamental y básico que es la responsabilidad mediante
la introducción de la lógica de los resultados en la administración pública. El
objetivo es pasar de un modelo en el que impera el control burocrático paso a
paso de normas y procedimientos, sin la participación de los ciudadanos, a otro
en el que impera el control a posteriori de los resultados de la acción
gubernamental, y en el que la sociedad participa en la definición de las metas
y de los índices de desempeño, así como en la evaluación directa de los bienes
y servicios públicos, para evitar en parte los actos negativos, como es la
corrupción imperante en los diversos niveles de gobierno.
El segundo
mecanismo de responsabilidad está vinculado al desempeño de las políticas es el
que se obtiene mediante la competencia administrada. Su concepción está basada
en el fin de los monopolios en la provisión de los servicios, estableciendo la
competencia entre los proveedores estatales, privados o públicos no estatales. Lo que está sucediendo con las normas publicadas es
ver cómo les va a las municipalidades y gobiernos regionales, para hacer
posiblemente algunos cambios o acotados y/o modificaciones, que deben ir de la
mano con las capacitaciones, para que a nivel nacional, también se haga algunos
correctivos, donde tienen más acceso a las capacitaciones y asistencia técnica,
todo ese pequeño avance, es frustrado por los actos de corrupción que se
presentan.
Existe la
necesidad de inducir a los gobernantes a mejorar la prestación de los
servicios, obligándolos de manera efectiva a responsabilizarse por la calidad
de las políticas públicas y aspirar al cambio de políticas, que deben regirse
más por la concepción unilateral de los administradores, como generalmente sigue
ocurriendo en la gestión burocrática clásica, que aún se mantiene, a un está
tardando en guiarse cada vez más por la
satisfacción de los ciudadanos, porque aún los gobiernos regionales y locales y
sus conductores no están rindiendo cuentas no sólo de su probidad o de sus
promesas electorales, sino también, y permanentemente, de la efectividad de sus
programas y gestión integral, muchos han perdido el timón y son guiados por el
timón corruptor que los conduce a su debacle como persona, autoridad y por ende
al fracaso y retroceso institucionales local y regional.
Soc.Fulgencio
Quispe Apaza
fulgencioq@yahoo.es
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